Para empezar, ya hay una precampaña sucia. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre la inseguridad en BC como estrategia de guerra sucia? Ahora Proceso indica que esto es exactamente lo que está sucediendo:
La precampaña sucia
Ricardo Ravelo
Al frente de un municipio cada vez menos seguro, el multimillonario alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rohn, comienza a construir su nuevo proyecto echando mano de un poder económico que convierte fácilmente en poder político. No obstante la creciente violencia del narcotráfico en esa ciudad, y con la mira de la DEA y de la PGR encima, el dueño de los centros de apuestas Caliente adelantó ya su campaña por la gubernatura de Baja California. Por lo pronto, llenó la ciudad de anuncios con su imagen e intensificó su proselitismo en las colonias populares...
TIJUANA, B.C.- Lejos de atender el caos que priva en el municipio a causa del narcotráfico y pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una investigación que involucra a varios de los altos jefes policiacos municipales con el crimen organizado, el alcalde de esta ciudad, Jorge Hank Rhon, prefiere trabajar en su estrategia para lanzarse por la gubernatura de Baja California.
El viernes 6, tras un intenso “cabildeo” de Hank Rhon y sus seguidores, el Congreso estatal alentó las esperanzas del alcalde de Tijuana al aprobar por 20 votos y una abstención varias reformas a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales. Los legisladores “cuadraron” los tiempos para el arranque de las campañas por la gubernatura de la entidad, que iniciarán oficialmente el 3 de febrero de 2007 y no el próximo 17 de octubre, como lo establecía anteriormente la ley.
La iniciativa de reformas fue propuesta por el diputado priista José Obed Silva Sánchez, quien preside la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, y es uno de los principales impulsores de la candidatura de Hank Rhon.
En julio pasado, por ejemplo, ese legislador logró que al menos cuatro de los siete integrantes del Consejo Estatal Electoral avalaran la candidatura de Jorge Hank a la gubernatura del estado. Desde entonces, los consejeros aprobaron como correcta la interpretación del artículo 42 de la Constitución Política del estado para que funcionarios de elección popular –como lo es Hank– puedan contender por la gubernatura. Dicha reforma también faculta a todos los aspirantes a puestos de elección popular a iniciar su propaganda.
Por eso, a pesar de la violencia del narcotráfico y aunque tiene sobre él los reflectores de la agencia de drogas estadunidense y de la PGR, Hank Rhon prácticamente ya está en campaña. En Tijuana, el dueño de los centros de apuestas Caliente ya colocó anuncios espectaculares y aceleró su actividad proselitista en las colonias populares de Tijuana, donde no ha dejado de repartir despensas desde que asumió la alcaldía en 2004.
Además, Eduardo Bernal Martínez ya renunció a su cargo como subsecretario de Organización Electoral del CEN del PRI para incorporarse como asesor político de Jorge Hank. Bernal es oriundo del Estado de México y fue delegado del PRI en Baja California.
Un alcalde impasible
Al hijo del profesor Carlos Hank González parece no importarle que se le investigue por sus presuntos nexos con el cártel de Tijuana ni que se le acuse públicamente de lavar dinero del narcotráfico, y menos aún que el municipio que él gobierna se encuentre asolado por el crimen organizado.
El periodista Jesús Blancornelas, fundador del semanario Zeta, asegura que Jorge Hank ha tomado la alcaldía de Tijuana como un cargo para divertirse: se ausenta de la entidad con frecuencia, quita y pone funcionarios a su antojo y se da el lujo de pasearse por las calles de esta ciudad rodeado de guardaespaldas como si fuera directivo de una firma internacional.
Las irreverencias de Jorge Hank no tienen límite. En por lo menos dos ocasiones ha dejado la presidencia municipal durante varios días. Al principio del año, se ausentó sin avisar a nadie, lo que provocó desorden en el ayuntamiento. Después se supo que había abordado un avión privado para trasladarse a Mónaco, donde permaneció más de 10 días. La razón: era el invitado de lujo en la boda de una sobrina suya. La segunda vez, su ausencia se prolongó durante casi un mes porque supuestamente se le practicó una operación. Él nunca aclaró el motivo.
Dueño de una fortuna que él mismo calcula en unos 2 mil 500 millones de dólares, Jorge Hank anunció ya su decisión de lanzarse como candidato a gobernador de Baja California y, sin tapujos, reta a “cualquier gallo” que quiera competir con él por la posición política más importante en el estado, que será renovada el año próximo, cuando concluya el mandato del gobernador panista Eugenio Elorduy Walter.
Según Blancornelas, para “construir” esa candidatura Jorge Hank está movilizando a toda la estructura de diputados del PRI en el Congreso local para derogar la llamada “Ley Antichapulín”, la cual impide que los funcionarios “brinquen” de un cargo a otro y dejen inconcluso su encargo.
De igual forma, el hijo del profesor Hank González acude por lo menos cada mes a las colonias populares a repartir juguetes, despensas y regalos a las familias, con el fin de “aceitar” y mantenerse el contacto con la maquinaria electoral que le dio el triunfo en 2004 como alcalde de Tijuana, dice Blancornelas.
El desgobierno
La violencia en este municipio llevó a la clase empresarial bajacaliforniana a romper con los tres niveles de gobierno por falta de seguridad, afirma Daniel Romero Mejía, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en este municipio, quien se queja de que la Federación “se ha olvidado de Tijuana”.
Debido a esta situación, a decir del empresario, se han dejado de invertir 400 millones de dólares en lo que va del año. Además, continúa, la entidad dispone de 140 millones de pesos para el combate a la delincuencia, de los cuales sólo 16 millones fueron entregados al ayuntamiento de Tijuana para prevenir delitos de alto impacto, como el narcotráfico y los secuestros.
Según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en los primeros nueve meses de este año se cometieron en el municipio 261 ejecuciones y más de 100 secuestros, aunque sólo se presentaron 20 denuncias. En la mayoría de estos casos están involucrados altos jefes policiacos municipales.
–¿Se le perdió el respeto a la policía por su falta de eficacia? –se le pregunta al empresario.
El titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos –cuya oficina investiga los nexos de la Policía Municipal con el cártel de Tijuana–, asegura que Hank Rhon es el principal obstáculo para la PGR en las investigaciones contra la policía de Tijuana, la cual está “cartelizada”, pues parte de su estructura está al servicio de la familia Arellano Félix.
A dos años de su gestión como alcalde, Hank Rhon no ha podido convertir a Tijuana en una ciudad próspera y segura como San Diego, California, según prometió en su campaña. Al contrario, bajo su gobierno el cártel de Tijuana ha penetrado toda la estructura de la Policía Municipal. Según datos de la SIEDO, más de 2 mil elementos de todos los niveles dan protección al cártel de los hermanos Arellano Félix, cuyas ramificaciones se multiplican ahora por todas partes.
Según la indagatoria de la PGR, agentes de la SIEDO han interrogado a un centenar de policías municipales presuntamente vinculados con el narcotráfico. Sin embargo, se han enfrentado al presidente municipal de Tijuana, quien se niega a hacer los cambios de los funcionarios implicados para facilitar la investigación o a dar de baja a los elementos que se encuentran bajo sospecha.
En entrevista, el titular de la SIEDO, Santiago Vasconcelos, asegura que Jorge Hank fue investigado por la PGR en 1996, cuando se presumía que estaba relacionado con los hermanos Arellano Félix. En esa época, su hermano Carlos Hank adquirió el Laredo National Bank y las autoridades estadunidenses solicitaron informes a la PGR para saber de dónde provenían la fortuna y poder del alcalde. Carlos Hank era el accionista mayoritario del banco y se vio implicado en delitos como el lavado de dinero (Proceso 1041).
Recuerda Vasconcelos: “Nosotros colaboramos en una amplia investigación y no pudimos encontrar nexos con el narcotráfico ni con el lavado de dinero. Desde una lógica criminal, no pudimos hallar ese vínculo. No entendíamos cómo podían estar relacionados. Él (Jorge Hank) lo sabía y hasta nos retaba para que lo investigáramos. Pero desde la lógica política, entendimos algo diferente: Ellos (los capos) necesitan protectores y, seguramente, por su historia y por ser hijo de quien es, Jorge Hank funge como una figura emblemática del cártel de Tijuana. Sólo en esa lógica encaja muy bien”.
Viejas prácticas
Jesús Blancornelas, autor del libro El cártel, en el que traza una radiografía de los Arellano Félix, sostiene que en Tijuana la descomposición policiaca se inició hace 21 años, durante el gobierno de Xicoténcatl Leyva Mortera (1983-1989).
Apenas tomó posesión Xicoténcalt Leyva, su hermano Eduardo Leyva se conectó con los Arellano Félix –explica Blancornelas– y fue él quien le ofreció al grupo todo el apoyo para consolidar sus negocios. Así, gracias a la información privilegiada y al respaldo de la policía, los Arellano Félix pasaban diariamente hasta una tonelada de droga a Estados Unidos.
“El éxito de los Arellano fue su alianza con la policía”, dice el periodista de 70 años, más de 50 de ellos dedicados al periodismo.
Luego, dice, vino el gobierno de Ernesto Ruffo Appel (1989-1995), el primer gobernador panista de Baja California. Según Blancornelas, los Arellano Félix se ligaron con Claudio Ruffo, hermano del gobernador, quien les brindó protección. De nueva cuenta, el instrumento fue la policía.
Durante 2005 y el principio de este año estuvo al frente de la Dirección de Seguridad Pública de este municipio Ernesto Santillana Santillana, quien tras dejar su cargo en Tijuana se desempeñó como asesor en materia de justicia del excandidato presidencial Roberto Madrazo. Fue precisamente en este período cuando este municipio padeció una fuerte ola de ejecuciones y secuestros a manos del llamado “Comando Negro”, un grupo de policías al servicio de los Arellano Félix (Proceso 1532).
Sobre los nexos entre la policía y el cártel de Tijuana hay una historia reveladora: A principios de marzo de este año, el presunto narcotraficante Iván de Jesús Rodríguez Martínez y su cómplice Eduardo Moreno Gutiérrez fueron detenidos por el Ejército, que los acusó de participar en varios de los secuestros, “levantones” y desapariciones ocurridas en Tijuana.
En sus declaraciones, Rodríguez Martínez declaró que el cártel tenía comprados a varios altos mandos de la Policía Municipal, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/053/2006. Y mencionó nombres: Mónica Radilla, los comandantes Abasolo y Moreno, y otro más del que sólo proporcionó la clave: 0-15.
A partir de esos datos, la PGR amplió su investigación y descubrió que más policías municipales estaban al servicio de los narcotraficantes, entre ellos Juan Carlos Moya, exescolta de Jorge Hank, así como Julio César Abasolo Pierce y Mónica Ramírez Radilla.
Ramírez Radilla fue jefa del distrito Cerro Colorado, Tijuana, y estuvo bajo las órdenes de Ernesto Santillana. En mayo de 2005, fue premiada con la medalla al mérito y 25 mil pesos por su trayectoria profesional. Actualmente, está presa en la cárcel de La Mesa por sus vínculos con el cártel de Tijuana y acusada de lavado de dinero.
A raíz de la investigación de la PGR cayeron varios jefes policiacos ligados a Hank Rhon, quienes resultaron piezas clave para desentrañar las redes del cártel de los Arellano en el ayuntamiento de Tijuana. Uno de ellos es Julio César Abasolo Pierce, jefe de la Policía Municipal en Otay, quien fue detenido en marzo pasado en Chula Vista, California, en posesión de dólares cuyo origen no pudo explicar.
En junio pasado, la lucha interna en la policía del municipio llegó a su clímax, cuando tres policías y un civil –el subcomandante Ismael Arellano, el escolta Benjamín Fabián Ventura, Jesús Hernández y Fernando Ávila– fueron secuestrados por un comando armado. Horas después, sus cabezas aparecieron en Tijuana. El procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, dijo que esas decapitaciones fueron ordenadas por Arturo Villarreal, El Nalgón, miembro del cártel de los Arellano Félix.
Como pueden ver, tanto el PRI como el PAN han tenido una estrecha complicidad con el narco en BC. Pero en esta complicidad el PAN había podido sacar ventaja ya que quien tenía la fama de criminial era el PRI. Ahora, a casi 20 años de haber tomado la gobernatura, el PAN ha consolidado su fama de inepto e ineficaz para contrarrestar el crimen. En Tijuana a la gente le vale gorro que Hank no se pare por la alcaldía. Le vale gorro también que Tijuana no sea San Diego. No fué ese el posicionamiento de Hank para ganar la alcaldía de BC en realidad, sino el combate a la inseguridad. Ni eso hizo. Pero es lo de menos. Quien paga los platos rotos es PAN, ya que a fin de cuentas el narco es algo que afecta no sólo a Tijuana sino a todo el estado. Y resulta el colmo que inclusive con gobierno federal panista no se resuelva este problema.
Lo que revela además esta nota de Proceso sobre los tiempos para las campañas electorales es muy importante. Si hubieran empezado en Octubre, no hubiera sido factible explotar la estrategia del miedo con la misma facilidad, ya que la nueva queja de inseguridad en BC que afecta no sólo a los empresarios, sino hasta a gente de clase media, es la extorsión telefónica. Y este es un fenómeno relativamente reciente. DEMASIADO reciente como para que la gente no se hubiera dado cuenta de que se trata de una estrategia de guerra sucia si las campañas hubieran iniciado en Octubre.
Ah, pero deja que la gente se siga espantando hasta Febrero y vas a ver que rápido baja el rating del PAN en BC.
Insisto: el riesgo aquí es un contraataque del PAN, que está asociado con el cártel de Tijuana, para responder a esta estrategia de miedo que ha desatado el PRI. Llevar al caos a Baja California por la gobernatura es francamente el colmo de la desesperación PRIANista y algo que no se merecen los bajacalifornianos.
Y todo gracias a que el PRI le aprendió al PAN que no hay nada como el MIEDO para atarantar a la gente. ¡Gracias PRIAN! ¡Gracias TONTOLINES que se dejaron engatuzar por la guerra sucia de estos hijos de la tiznada!
Seguimos con este reportaje de Proceso que muestra más de las marranadas del Hilrobando--digo--Hildebrando:
Secreto de dos ISOSA-Hildebrando
Jesusa Cervantes
Desde 1996, Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón, desarrolló a instancias de la Secretaría de Hacienda un sistema informático para controlar los asuntos jurídicos del aparato tributario del país. Hildebrando, la compañía de Zavala, suscribió contratos en particular con ISOSA, el oscuro negocio de Gil Díaz, a raíz de los cuales Zavala ha tenido acceso a información privilegiada sobre los contribuyentes.
Diego Hildebrando Zavala, cuñado del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, no sólo fue beneficiado por el gobierno foxista mediante contratos millonarios para su empresa Hildebrando, sino que ha tenido acceso a información privilegiada.
Por sus manos han pasado todos los asuntos jurídicos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), como juicios civiles y mercantiles, deudores, amparos contra actos, juicios de nulidad y cancelación de patentes aduaneras, entre otros, lo que se traduce en un acceso único a información detallada sobre los contribuyentes.
Esos valiosos datos se los proporcionó Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien a través de su controvertida empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. (ISOSA), le ha extendido contratos desde 1996. Lo hizo bajo la condición de firmar una cláusula de “confidencialidad” por 12 años.
Es decir, durante dos sexenios nadie ajeno a Zavala y a Gil puede conocer el contenido de “los programas” o “cualquier información de la cual llegare a tener conocimiento” el hermano de Margarita Zavala de Calderón.
La cláusula incluye información “relacionada con cualquier entidad integrante” de ISOSA, es decir, se aplica a los fideicomisos Aduanas I, Aduanas II y otras empresas que Gil Díaz conformó para realizar el llamado cobro DTA (Derecho por Trámite Aduanero) y que la Auditoría Superior de la Federación consideró irregular, ya que esas entidades no reportaron a la Tesorería de la Federación 10 mil millones de pesos en ingresos.
La relación Hildebrando-ISOSA fue revelada durante el segundo debate de la pasada campaña presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador habló de los servicios que el cuñado del hoy presidente electo ha prestado a la administración pública federal. Pero entonces el contenido de los contratos, las cantidades millonarias, sus alcances y el tiempo que lleva la relación “contractual” entre Diego Hildebrando Zavala y Francisco Gil no se habían dado a conocer en su totalidad.
Proceso obtuvo copia de algunos contratos firmados de 1998 a 2004. En el más reciente, Hildebrando se comprometió a prestar sus servicios del 24 de enero de 2005 al 23 de enero de 2006.
Confidentes
El vínculo entre Francisco Gil Díaz y el cuñado de Felipe Calderón comenzó entre 1996 y 1997. Por ese tiempo, ISOSA, la empresa creada por el entonces subsecretario de Ingresos, tenía tres años de haber sido creada y, para cobrar el DTA, se apoyaba en otra compañía formada en aquellos años: la Integradora de Activos, S.A. (IASA).
A través de ésta se establecieron los primeros contratos de ISOSA con Hildebrando, según consta en diversos documentos.
El trabajo de Hildebrando consistió en diseñar y desarrollar “el principal sistema de información de la Administración Jurídica General del SAT”, conocido como Júpiter (Jurídica: Programa Integral para la Toma de Decisiones, Evaluación y Resolución).
La función de Júpiter, según el SAT, es “integrar todos los procesos legales y administrativos de la administración general jurídica en un sistema de información que apoya la toma de decisiones y la operación diaria. A través de este sistema, las administraciones locales y centrales jurídicas realizan el inventariado, control y seguimiento de los juicios de nulidad, consultas, autorizaciones, recursos administrativos, asuntos penales, amparo contra actos y asistencias legales, entre otros”.
Este programa permite llevar el control de los litigios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que actualmente tiene 40 mil juicios vigentes y 2.5 millones de asuntos registrados.
Sin ser funcionario federal, el cuñado de Felipe Calderón ha tenido acceso a información privilegiada, pues han pasado por sus manos los padrones de pequeños y grandes contribuyentes, con todo y sus problemas fiscales.
Cuando se denunciaron los múltiples contratos que Hildebrando ha firmado con órganos federales (Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Banobras, Instituto Mexicano del Seguro Social y las secretarías de Energía y de Desarrollo Social), además de entes autónomos como el Instituto Federal Electoral, Diego H. Zavala rechazó haber incurrido en el tráfico de influencias y haber tenido acceso a la información que cada dependencia vació en el software que su empresa le instaló.
Pero al menos en el caso de IASA e ISOSA, la extensa cláusula de confidencialidad a la cual se obligó Hildebrando sugiere la posibilidad de que sí haya gozado de acceso a algo más que software.
Por ejemplo, en los contratos SL-447/98; SL-356/99; SL-358/99 y SL-030/00, firmados entre 1998 y 2000 por Hildebrando e IASA, se incluyeron en una cláusula décima tres párrafos en los que se indica que “los programas de computación” son “documentos oficiales para ambas partes, incluyendo su documentación, manuales y materiales relacionados”. Por ese motivo, los firmantes del contrato “se obligan a mantener su contenido en la más estricta confidencialidad y por lo tanto no revelarán a terceros dicha información en forma alguna”.
Ambas partes se obligan a guardar en absoluta confidencialidad los datos que mutuamente se proporcionen, “así como de cualquier información respecto de la cual llegaren a tener conocimiento, incluyendo, sin limitar, información relacionada con cualquier entidad integrante de LA EMPRESA (IASA), así como con cualquier otra sociedad de la que llegare a tener conocimiento (como podría ser ISOSA) y/o con cualquier cliente de dichas entidades o sociedades, así como de los programas, su estructura y contenido”.
Para cerrar, Hildebrando e IASA se comprometen a “indemnizar a la parte afectada” por concepto de daño y perjuicio “causado por incumplimiento” de la cláusula, es decir, por comentar la relación laboral y mencionar cualquier documento al que se haya tenido acceso.
Este semanario cuenta así mismo con copias de otros documentos subsecuentes, firmados entre 2001 y 2004 y en los cuales ya es ISOSA la empresa que contrata al cuñado de Felipe Calderón. En los contratos SL-171/01, SL-113/02, SL-042/03 y SL-146/04, la cláusula de confidencialidad creció de tres párrafos a poco más de una cuartilla.
A diferencia de los contratos anteriores, sólo Hildebrando “se compromete y obliga a mantener en la más estricta confidencialidad toda la información y documentación que ISOSA le proporcione (…) por lo que no divulgará información y documentación a ningún tercero (…) ni la aprovechará para su beneficio o el de terceros”.
Además, Hildebrando “se asegurará” de que sus empleados no hablen con nadie de lo que conozcan y vean; incluso, tendrá que responder ante ISOSA por actos u omisiones de sus empleados, amén de mantener en un lugar seguro “y fuera del alcance de terceras personas dicha información”.
Pero ISOSA concede a Hildebrando algunos beneficios en esta misma cláusula. Por ejemplo, la empresa particular es propietaria exclusiva de la información que le entregue a ISOSA, aunque se la concede a la empresa de Gil para el cumplimiento del contrato. Es decir, la información se considera un “secreto industrial y comercial” de Hildebrando.
Luego aparece la novedad: “la obligación de confidencialidad para ambas partes tendrá una vigencia de 12 años, contados a partir de la fecha de divulgación de la información por cualquier de las partes”. Se aclara que esto no aplicará cuando “la información sea divulgada al público” por razones ajenas a las empresas.
A partir de 2001, fecha en que se hizo más estricta la cláusula de confidencialidad, ISOSA empezó a ser vigilada y fiscalizada de manera especial por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, quien desde que asumió el puesto consideró que los ingresos obtenidos del cobro del DTA por ISOSA y demás empresas creadas por Gil Díaz para este fin, debieron haber ingresado a la Tesorería de la Federación, pues de lo contrario se ha generado un quebranto a la nación.
De hecho, en sus revisiones de las cuentas públicas de 2001 a 2003, la ASF reportó que ISOSA ha provocado un quebranto a las arcas federales por 10 mil millones de dólares.
Su argumento es que el dinero que ingresa por el DTA a los fideicomisos Aduanas I y Aduanas II –que forma parte de la estructura de ISOSA– son ingresos de la Nación tipificados como “derechos, impuestos y aprovechamientos”.
Sólo para Hildebrando
La relación contractual entre Hildebrando e IASA e ISOSA fue autorizada desde el principio por el fideicomiso Aduanas I, cuyo comité técnico avaló la implantación del software en el área jurídica.
Según el periodista Miguel Badillo (en su libro ISOSA, fraude a la Nación), “el comité técnico del fideicomiso Aduanas I recibe solicitudes de equipamiento y modernización de funcionarios del SAT, e instruye efectuar inversiones. Las autoridades del SAT ratifican lo anterior y el titular de la Administración General de Aduanas, José Guzmán Montalvo, ratifica los acuerdos tomados por los consorcios de empresas privadas”.
Así lo demuestra la “atenta nota” en papel membretado que la Administración General de Tecnología de la Información (AGTI) del SAT dirigió al administrador único de ISOSA, Gonzalo Rojo Nava, el 28 de octubre de 2004, a fin de ordenar la aprobación del contrato SL-146/04 con Hildebrando, que se empezó a gestionar desde julio de 2004 para que el servicio se prestara de enero de 2005 a enero de 2006. En el documento, del cual Proceso tiene copia, se señala:
“Derivado de las necesidades informáticas de la Administración General Jurídica y con relación al proyecto denominado ‘Desarrollos para Jurídica’, mismo que se encuentra incluido en los acuerdos del Comité Técnico del Fideicomiso Aduanas I de fecha 22 de julio de 2004 (...) es necesario realizar la apertura del subproyecto denominado ‘Mantenimiento para el Sistema Júpiter’, el cual requiere de la contratación de horas de mantenimiento y soporte para cubrir los requerimientos de los usuarios del Sistema Júpiter, el cual es el principal sistema de información de la Administración General Jurídica”.
Después, el administrador de la AGTI, Carlos Moisés Cárdenas Cisneros, le pide a Rojo Nava que le envíe la cotización “a fin de proporcionar el visto bueno correspondiente” del administrador central de Atención a Usuarios, Jorge Montoya Castro. Para ello le remite también un Anexo “A” con los términos de referencia.
En dicho anexo, del cual este semanario también tiene copia, se establece el significado del sistema Júpiter y se recuerda que fue desarrollado por Hildebrando en 1997, que cuenta con 72 instalaciones y mil 800 usuarios, y que mediante él se han tramitado más de 2 millones de asuntos.
De igual forma, se revela que el contrato con Hildebrando se ha renovado desde 1998 a fin de mantener “la continuidad en el ritmo de trabajo y sustentar los constantes cambios que requiere la aplicación, así como para capitalizar la experiencia que el proveedor ha adquirido al haber participado en la creación y evolución del sistema a la fecha”.
Se recuerda en el documento que Júpiter “es el sistema medular de la Administración General jurídica” del SAT y justifica la intervención de Hildebrando “en virtud de que al interior de la institución no se cuenta con desarrolladores suficientes y con el conocimiento necesario del código del sistema”. Esa contratación también tiene el propósito de “subsanar” las observaciones hechas por el Órgano Interno de Control (se supone que del SAT).
En el mencionado Anexo “A” se advierte que, si el mantenimiento del sistema Júpiter no se asigna a Hildebrando, “no existe la certeza de una completa transmisión del conocimiento por parte del proveedor y (existe el riesgo de) la pérdida de la sinergia y compenetración que se han ganado a lo largo de los años, habiendo demostrado esta empresa gran calidad en sus entregables y compromiso con nuestra institución”.
Antes menciona que de no renovarse el contrato con Zavala, el poco personal de la institución que conoce parte del sistema “no se dará abasto para cubrir los requerimientos del usuario ni algunos de los compromisos establecidos ante el jefe del SAT mediante los proyectos de la AGJ (Administración General Jurídica)”.
Y más: “Otro riesgo destacado es el hecho de que en los próximos meses se rediseñen varios proceso del SAT, incluyendo el jurídico, de recaudación y asistencia al contribuyente por el proyecto Plataforma, que seguramente requerirán de cambios en los flujos de información y la lógica de negocio, por lo que se necesita que la plataforma tecnológica sea capaz de evolucionar en los procesos”.
A su vez, el 10 de noviembre de 2004, Hildebrando cerró la pinza. Envió un oficio al director de Adquisiciones y Proyectos de ISOSA, Gabriel Benítez Leyva, en el que argumenta por qué debe conservar los contratos con la empresa creada por Gil:
“El haber acompañado a ISOSA y el SAT durante varios años permite desarrollar un conocimiento de dichas entidades a nivel de sus actividades, de su personal, de su estructura, de su reglamento, de sus usuarios del sistema, etcétera; en consecuencia, resulta mucho más fácil y productivo para nuestro personal el poder interactuar con los responsables del proyecto.”
Finalmente, el proyecto de Hildebrando para el mantenimiento fue aprobado y firmado el 3 de enero de 2005, para que se aplicara del 24 de ese mes al 23 de enero de 2006. El contrato fue por 6 millones 712 mil 922.20 pesos, sin incluir el IVA.
Pagos inexplicados
Todos los contratos que Hildebrando firmó con IASA e ISOSA se relacionan con el proyecto Júpiter, primero para desarrollarlo y después para ampliarlo y darle mantenimiento.
A juzgar por los ocho contratos cuya copia tiene Proceso –y de los cuales han dado cuenta en parte la revista Contralinea y el diario La Jornada–, los pagos a Hildebrando suman 26 millones 757 mil 74.99 pesos, ya tomando en cuenta los generosos descuentos que Diego H. Zavala realizó a ISOSA –de 8% en algunos casos, como los contratos SL-447/98 y SL-146/04– “como apoyo a la economía nacional”.
Lo que se desconoce es de dónde han salido los casi 27 millones que se han entregado a Hildebrando. En primera instancia parecería que fue del fideicomiso Aduanas I, pero el periodista Miguel Badillo dice en su citado libro que, ante los duros cuestionamientos de la ASF, Gil Díaz intentó liquidar el instrumento financiero en 2003, aunque no lo logró hasta 2006.
Badillo agrega que, según el reporte obtenido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), en el primer trimestre de 2005 Aduanas I contaba con 19 mil 523 millones de pesos.
Según otra consulta de Proceso ante el IFAI, actualmente el fideicomiso Aduanas I cuenta con “cero pesos”; está extinto.
Igualmente, se informa que Aduanas II fue liquidado en mayo del presente año y en su lugar se conformó el Fideicomiso Público para el Programa de Mantenimiento de los Medios de Informática y el Control de Autoridades Aduaneras (Fidemica), con un fondo de 2 mil 707 millones 183 mil 364 pesos a la fecha.
También se reporta que en 2004 se creó otro fideicomiso, denominado Contraprestaciones al Artículo 16 de la Ley Aduanera, el cual tiene un monto de 5 mil 669 millones 96 mil 236 pesos.
El caso es que hasta ahora no se conoce con certeza con cuáles fondos se pagaron a Hildebrando los casi 27 mil millones de pesos que Proceso pudo documentar. Gil Díaz ya se va de Hacienda y aún no ha explicado cuántos recursos recibió ISOSA ni cómo funcionó.
¿Ven cómo le peje tenía razón? ¿Ven como la imposición del ESPURIO es en realidad una puerta abierta para que raterazos como HILROBANDO (propietario de Meta-Rata) sigan saqueando al erario? Ah pero el "peligro para México" era el peje ¿no?
Seguimos con esta nota sobre la pelea que sigue dando de qué hablar entre la martuchis y Proceso. Esencialmente, el gobierno federal le encontró a la martuchis un juez que le revirtiera la sentencia en la que se declaraba que Proceso no incurrió en difamación:
A los pies de Marta
Jorge Carrasco Araizaga
Tras ser obligado por el TSJDF a reponer el procedimiento por las anomalías en que incurrió para llegar a su primera sentencia, el juez Carlos Miguel Jiménez Mora desestimó el hecho de que Marta Sahagún contó con el respaldo del presidente de la República en su demanda contra Olga Wornat y Proceso. Además, condenó a los demandados a pagar una suma exorbitante por un “daño moral” que nunca fue demostrado. Ante el nuevo atropello, este semanario decidió recurrir a la segunda instancia, la Primera Sala del TSJDF, además de abrir un expediente de queja administrativa contra el juez Jiménez Mora.
La primera etapa de la ofensiva judicial de Marta Sahagún contra Proceso culminó como ella lo esperaba: con la satisfacción de sus deseos de ser declarada víctima de “daño moral”. De la mano de un juez de primera instancia, alcanzó en las últimas semanas del sexenio de su esposo, el presidente Vicente Fox, a insistir en la imagen que creó de sí misma como defensora de la dignidad de los mexicanos y, en especial, de las mujeres.
En una sentencia más que anunciada, el juez décimo segundo de lo Civil en el Distrito Federal, Carlos Miguel Jiménez Mora, resolvió que la revista y la periodista Olga Wornat incurrieron en “conductas ilícitas” al publicar un escrito sobre la nulidad del matrimonio religioso de Marta Sahagún con Manuel Bribiesca Godoy.
La publicación fue considerada por el juez como un “ejercicio periodístico irresponsable”, resultado de una “maquinación y artificio” por parte de Wornat, con la “concertación” de Comunicación e Información, S.A. de C.V. (CISA, editora de Proceso) para violar el derecho a la intimidad de Sahagún.
Como culpables, las condenó a indemnizar a la presidenta de la Fundación Vamos México con 1 millón 958 mil 580 pesos, cantidad que para Reporteros Sin Fronteras, organización defensora de la libertad de expresión en el mundo, resulta exorbitante y sólo podría explicarse porque se trata de la esposa del presidente alegando un “absurdo sentimiento de atentado al honor”.
El fallo se conoció el pasado lunes 16 y al día siguiente Sahagún salió a celebrarlo: “Por supuesto que estoy contenta, por supuesto que cualquier hombre o mujer estaría contento al haber… hecho valer su derecho, en este caso mi derecho a la intimidad… Y estoy contenta no solamente por mí, estoy contenta de manera particular por muchas, muchas mujeres que en muchos momentos no son respetados sus derechos, en muchos sentidos, como es éste: el derecho a la intimidad”. (sic.)
Autoerigida en defensora del decoro de los mexicanos, añadió: “No se pueden venir a meter, así como así, con la intimidad. Y no pueden venir a calumniar y a mentir simplemente porque les da la gana. Eso no puede volver a suceder en México”.
La resolución que causó esa complacencia de Sahagún no fue sorpresiva, pues ya desde mayo pasado Jiménez Mora había resuelto en el mismo sentido (Proceso 1540).
Presionado por el equipo legal de Sahagún, el juez actuó en aquella ocasión de forma apresurada, ya que emitió su sentencia pese a que aún faltaban pruebas por desahogar. Ante esa irregularidad, la Primera Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal le ordenó reponer el procedimiento judicial para recibir las probanzas pendientes.
Pero además se le abrió un expediente de queja administrativa por violar el artículo 220 de la Ley Orgánica del TSJDF, referente a las faltas graves cometidas por los jueces en la instrucción de un juicio.
La principal de las pruebas que se negó a desahogar fue el reconocimiento judicial de Fox sobre el respaldo que le dio desde la Presidencia de la República a la demanda de su esposa, cuando declaró que “nunca antes una primera dama tuvo las faldas” para demandar a una “pseudoperiodista” y a una “revista muy conocida” por “difamación, calumnia (y) meterse en su vida privada”.
Con esa y otras pruebas, la defensa del
semanario argumentó que se trataba de una
agresión desde la Presidencia de la Repú-blica en violación del derecho a la información y a la libertad de expresión, salvaguardados en los artículos 6º y 7º de la Constitución, respectivamente.
Obligado por la Sala, el juez tuvo que pedir a Los Pinos el reconocimiento judicial de tales declaraciones, pero en su resolución del 16 de octubre asentó que éstas “resultaron inoperantes”, pues no son “hechos modificativos o extintivos de la litis” (materia de la demanda). Y remató: “El supuesto agravio” que le causó a Proceso esa declaración “en nada perjudica los requisitos de la demanda”.
El juez mantuvo sus criterios y resolvió que Sahagún sufrió una “alteración profunda” en sus sentimientos, decoro y vida privada por el trabajo periodístico de Wornat publicado en este medio “sin su consentimiento”.
Desde diciembre pasado, el juzgador ya había mostrado su voluntad de sentenciar cuanto antes sobre la demanda que la esposa de Fox interpuso en mayo de 2005, pues entonces anunció que ya estaba listo para hacerlo.
Los “argumentos” del juez
Patrocinada por la influyente abogada Ligia Cuevas de Velasco, esposa de un magistrado en Materia Penal, Sahagún decidió iniciar su ofensiva legal cuando el escenario político estaba dominado por los señalamientos de la propia Wornat sobre el presunto tráfico de influencias y otras ilegalidades por parte de los hijastros de Fox, especialmente Manuel Bribiesca Sahagún.
El objeto de la acción judicial de Saha-gún no fueron esas imputaciones, sino un texto que la periodista de origen argentino había publicado tres meses antes en Proceso (edición 1478) bajo el título Hasta que la Iglesia nos separe, en el que dio a conocer parte del expediente eclesiástico sobre la nulidad religiosa del primer matrimonio de Sahagún.
Wornat reveló que uno de los principales alegatos de Sahagún ante los tribunales de la Iglesia católica fue la mala relación de pareja que tuvo con Bribiesca –con quien procreó tres hijos– desde que fueron novios.
En el expediente eclesiástico están asentadas, entre otras, las siguientes expresiones de Sahagún: Un dato que considero fundamental es que Manuel y yo tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos, y con la huella moral y religiosa en la cual yo había sido educada, al haberme entregado sexualmente para mí era un peso moral enorme, ya que era una niña bien, y me sentía… (obligada) a casarme…
Recuerdo que se consumó el matrimonio, pero no tengo clara memoria de esa noche, tampoco recuerdo la luna de miel como buena y debo decir que no hubo una buena relación sexual, ya que para Manuel todo se redujo a sexo. Lo anterior lo recuerdo con mucho repudio…
¿Por qué digo que hubo una falta de entendimiento profundo en la intimidad? Porque el sexo que tuvimos fue muy malo, poco cálido, muy frustrante, y esto traía muchos pleitos. Yo en esta área fui muy fría con él, ya que la sexualidad era a la fuerza, no había apetito sexual, no se me antojaba como hombre. En cambio, Manuel era fogoso y erótico…”
La revelación (febrero de 2005) de esas declaraciones –las cuales ahora forman parte de la misma sentencia, de donde hoy son reproducidas– constituyó para el juez “una ilicitud”, toda vez que Sahagún “se vio afectada en su derecho a la intimidad”, “sufrió una intromisión en su vida privada” y “se le dañó gravemente su reputación”.
Jiménez Mora estableció que Wornat “debió ceñirse… a la imagen de la actora en su calidad de esposa del titular del Ejecutivo federal, en su quehacer político y cuya voluntad se encuentra externada en actos públicos y entrevistas difundidas en radio y televisión”.
De esa manera, desestimó los argumentos y pruebas de la defensa sobre la voluntad de Sahagún para que mucho antes de esa fecha fueran publicados aspectos de su vida privada, como parte de sus acciones para figurar en los medios de información cuando desplegaba su activismo político.
Como ejemplo de esa actitud, ante el propio juez la defensa legal de la revista se refirió al libro La jefa. Vida pública y privada de Marta Sahagún de Fox, escrito también por Olga Wornat, con el consentimiento de Sahagún. En ese libro, publicado en 2003, la periodista abordó así mismo la vida sexual de la exesposa de Manuel Bribiesca Godoy, sin que en ningún momento ese hecho fuera impugnado por Marta Sahagún.
Pero el juez décimo segundo de lo Civil en el Distrito Federal resolvió que vincular la vida privada con la pública de Sahagún es un “signo irrebatible de maquinación y artificio”, y que Wornat les dio “una apariencia de interés público”.
Según el juzgador, el motivo del reportaje “es inseguro e incierto y producto de una conducta dolosa al manifestarse ostensiblemente en presentar circunstancias falsas, como lo es el vincular la vida pública y privada de la persona que se trata… lo que produjo… un daño en la esfera privada de la actora al revelar datos… que forman parte de sus derechos de la personalidad”.
De acuerdo con el juez, la prueba del daño “quedó constatado con la sola publicación del artículo” por parte de Proceso. A partir de esa circunstancia, dice, “hay coculpabilidad por existir una concertación en participar en esa violación”.
Sentenció que “el daño fue real” y quedó confirmado con “la sola publicación” del trabajo periodístico. Estableció incluso que la mera publicación fue “causa y efecto” del daño. Y así lo explicó: “Con la exhibición de dicho ejemplar y al tenerlo a la vista crea en el juzgador la certeza de ese daño”.
Por esa razón y porque Sahagún no reclamó ningún “daño psicológico”, para el juez resultó irrelevante que en su declaración testimonial, en agosto de 2005, la esposa de Fox haya asegurado que goza de buena reputación.
A lo largo de su sentencia, Jiménez Mora se afana en demostrar que hubo un daño “cierto, serio y externo”. Sobre todo, dice, fue “contundente” por “el dolo” de Wornat y la “culpa inexcusable con la que se condujo Proceso”.
Y tal como lo argumentó Sahagún en su demanda, el juez estableció que la revista debió abstenerse de la publicación por ser un “ataque serio” a la vida privada, conforme a la Ley de Imprenta y al Código Civil.
Según el juez, por admitir que el texto es de su autoría, la periodista “reconoció haber violado los derechos a la vida privada e intimidad” de Sahagún. Además, la culpó por no haber aportado las notas donde “constara el consentimiento de la esposa de Fox para revelar la causa de su divorcio eclesiástico”.
La condenó porque “no ejerció respetuosamente su libertad de imprimir y difundir al no respetar la vida privada”. Además, le reprochó “no haberse cerciorado si los hechos ya habían sido difundidos con anterioridad”.
Y haciéndose eco de las críticas públicas de Sahagún contra sus demandadas, el juez se dirigió a Proceso para indicarle que, como profesional de la comunicación, “debiste haber actuado con apego a la norma”. Y a Wornat la reconvino por no haber procedido conforme a la siguiente máxima: “Tienes el deber de informar con apego a la Constitución; es decir, sin traspasar los límites de la vida privada de las personas”.
A pesar de la insistencia de la defensa legal de CISA en el sentido de que en ninguno de los alegatos de su demanda Sahagún indicó en qué consistió el supuesto daño moral –con lo que incumplió lo establecido en el Código Civil–, el juez se limitó a señalar que la acusación sí reúne los requisitos de formalidad necesarios, pues relata “de manera concisa y precisa los hechos en que se funda”.
Bastó con que se publicaran hechos en detrimento de la intimidad de Sahagún para que se produjera el daño moral, dijo el juez. Y aseguró que la concisión y precisión del daño se encuentra en los siguientes párrafos de la demanda:
“La escritora Olga Wornat, al escribir y publicar revelando los detalles de una historia íntima, de su vida privada de la actora (sic), que plasmó en su petición de anulación de matrimonio religioso, atacó su vida privada, a la que tiene derecho, no obstante ser esposa de un servidor público como lo es el señor presidente de la República.
“Por lo tanto, la periodista y escritora Olga Wornat y la persona moral CISA, responsable de la publicación del artículo informativo difamatorio, no sólo por acatamiento de los límites que les imponen los artículos 6º y 7º Constitucional, debieron abstenerse de realizar tal expresión y publicación al dar publicidad a hechos de mi vida privada, al escribir y difundir hechos en detrimento de mi intimidad, no sólo ejerce sin responsabilidad su libertad de expresión, publicación y de imprenta, sino que con tal falta de respeto y ética a la actividad periodística, me ocasionó un daño moral…”. (sic.)
Para el juez esa aseveración y la presentación de un ejemplar de Proceso con el texto impugnado fueron suficientes para determinar que la revista y Wornat infringieron el artículo 6º de la Constitución y los artículos 1916 y 1916 bis del Código Civil para el Distrito Federal.
Además, le dio crédito a lo dicho por Sahagún en su libro Caminando, en el que niega haber revelado datos de su vida privada. Por el contrario, ninguna de las pruebas de las codemandadas fue avalada por el juez. De las pruebas de CISA, aseguró que “carecieron de eficacia probatoria”, por lo que “no desvirtuaron la ilicitud con que se condujo”. Y las pruebas de Wornat las desechó por “ser carentes de derecho y de elementos fácticos”.
A diferencia de su frustrado fallo de mayo pasado, en el que aseguró que fueron “ilícitos” los ingresos obtenidos por Proceso con la venta del número en que apareció el texto impugnado, ahora el juez estableció que la comercialización de la revista causó el daño.
Con esos argumentos resolvió condenar a las demandadas a pagar una indemnización solidaria de 1 millón 958 mil 580 pesos, en razón del número de ejemplares vendidos de la revista, que según lo dicho por Sahagún al juez fue de 65 mil 286 ejemplares. En el escrito de su demanda, Sahagún aseguró: “195 mil 858 personas leyeron la intromisión en mi vida privada y en mi intimidad”.
Reporteros Sin Fronteras
Marta Sahagún salió a celebrar el fallo al igual que lo hizo en mayo pasado, cuando anunció que la indemnización la destinaría a organizaciones no gubernamentales dedicadas a los niños con cáncer, las mujeres maltratadas y la pobreza.
“Estoy muy contenta, consciente de que no es un proceso concluido. Habrá que ir a la segunda instancia… con la misma rectitud que lo hemos hecho hasta ahorita” (sic). Refrendó entonces el patrocinio de Ligia Cuevas de Velasco, esposa del magistrado de circuito del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal Federal, Guillermo Velasco Félix.
La apuesta de Sahagún es que su abogada logre también que la segunda instancia, la Primera Sala del TSJDF, le dé la razón; tal y como lo hizo la Cuarta Sala de ese tribunal en septiembre pasado, cuando confirmó una sentencia por daño moral contra la propia Wornat.
Esa demanda fue interpuesta por su hijo mayor, Manuel Bribiesca Sahagún, por la publicación del libro Crónicas malditas desde un México desolado, en el que la periodista lo acusa de haber usufructuado el poder de su madre.
Montada en su triunfo de primera instancia, Sahagún desestimó, además, la continuación de las investigaciones legislativas sobre los negocios de su hijo: “La mentira no se puede documentar… nunca será documentada”.
El fallo del juez Jiménez Mora será recurrido por los abogados de las sentenciadas, pero ya fue rechazado a nivel internacional. Desde París, Reporteros Sin Fronteras (RSF) criticó el castigo impuesto por el juez. “¿Corresponde a la justicia cuantificar hasta el absurdo un sentimiento de ‘atentado al honor’, noción que es muy subjetiva por definición?”, se preguntó la organización no gubernamental.
“No nos corresponde a nosotros contestar los considerandos” (del juez) en su sentencia. “El fondo no se cuestiona”, pero resulta exagerado que se tenga que pagar esa indemnización por concepto de “daños morales” en un asunto en el que está involucrada la esposa del presidente Vicente Fox.
En su comunicado, difundido al día siguiente de las declaraciones festivas de Sahagún, RSF aseguró que la suma pedida “es exorbitante en relación con el perjuicio sufrido y, sin duda, no sería tan alta si la querellante no fuera la primera dama del país”.
Y ya que estamos con la martuchis, vean esta nota sobre el nuevo elefante blanco de la pareja presidencial. Este, desde luego, por capricho de la martuchis (como todo lo que hace la presidencia, pues):
Ufff...
Francisco Castellanos y Rodrigo Vera
Una “faraónica” obra del foxismo se levanta a toda prisa, esta vez en Zamora, Michoacán. Se trata del Centro de las Artes, cuya construcción ha concitado el rechazo de numerosos sectores de esa ciudad debido a las múltiples irregularidades que rodean al proyecto. Sin embargo, la mecenas de la obra, Marta Sahagún, se ha encargado de mantener a raya a todo ciudadano o grupo que se interese ya no tanto en impugnar la construcción, que viola Z
AMORA, MICH.- Marta Sahagún se defiende de sus coterráneos que la cuestionan por estar levantando, “ilegalmente” y sin haberlos consultado, un “faraónico y costoso” edificio ultramodernista –puro acero y cristal– en el que piensa instalar el Centro de las Artes de Zamora.
“Yo respeto sus opiniones. Son muy válidas. Pero la realidad es sólo una; es un Centro de las Artes que merece Zamora, que le va a traer turismo y espectáculos, y que va a promover la cultura”, dice la esposa del presidente Vicente Fox, que con esta obra piensa pasar a la historia regional como la gran mecenas de su terruño.
Rodeada de guardias que la cuidan de los actos de protesta de los zamoranos, Marta levanta el índice de su mano ensortijada y recalca con orgullo:
“Espero que Zamora y toda la región puedan disfrutar de lo que tiene. Este centro se hizo, en coordinación con el gobierno federal y estatal, con el profundo espíritu de lograr el mejoramiento de Zamora”.
Es la tarde del miércoles 18. Marta acaba de impartir aquí –en un auditorio del DIF– una “conferencia magna” a la que llamó “El rol de la mujer en un mundo globalizado”. Recibió aplausos y sonrisas del selecto público que asistió con invitación. Desde antes de aterrizar el helicóptero que la trajo, toda la zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Estado Mayor Presidencial. Se cerraron calles y el tráfico se desquició.
Un grupo de inconformes pensaba realizar un acto de protesta ante Marta, reclamarle personalmente. Fue imposible debido al fuerte dispositivo policiaco. Los manifestantes se replegaron al lugar donde se construye el Centro de las Artes, a un costado de la llamada “catedral inconclusa”. Ahí sacaron sus pancartas: “Fox y Marta, un peligro para México”… “Adiós, mamá Martota”… “Pedimos respeten el área de catedral”... “No al robo de calles”. “Marta, primera lavadora de dos patas”.
Pero hasta allá llegó la policía y desbarató violentamente la manifestación.
–Allá hay gente protestando. ¿Usted no va para allá? –preguntaban los periodistas a Marta, que salía de su conferencia magna.
–No, no voy para allá. Pero el próximo mes de noviembre vendremos el presidente y yo a inaugurar el Centro de las Artes. El centro se va a terminar en el mandato del presidente Fox.
–Se dice que se está construyendo de manera ilegal.
–¡Por favor! Nunca se hace un proyecto que no esté sustentado de manera legal, que no tenga bien asegurados sus recursos. De lo contrario, este centro nunca se hubiera hecho –juró la zamorana.
Sin embargo, cada vez son más las voces que se oponen al Centro de la señora Sahagún, puesto que se construye de manera “totalmente ilegal” y en medio del más completo hermetismo. ¿Cuánto costará? ¿Quién lo está financiando? ¿Qué servicios artísticos y culturales ofrecerá? Es un misterio.
Por si fuera poco, la aparatosa construcción quedó prácticamente empalmada a la “catedral inconclusa”, o Santuario Guadalupano, una obra de estilo neogótico que el pueblo lleva más de un siglo edificando y que es más vasta que la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y que la catedral de Notre Dame, de París. Está entre las 15 catedrales más grandes del mundo. Es, pues, la joya arquitectónica de los zamoranos y el principal atractivo de esta ciudad.
La diócesis de Zamora, el Colegio local de Arquitectos, organizaciones civiles, grupos ambientalistas, académicos, algunos funcionarios municipales, así como gran parte de la población se oponen abiertamente al Centro de las Artes, pero nada han logrado, ya que Marta consiguió el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.
El canciller de la diócesis de Zamora, el sacerdote Jesús Ruiz Ochoa, señala:
“Estoy verdaderamente sorprendido. Cuando vi esa obra tan aparatosa exclamé como los italianos: ‘¡Mamma mia¡ ¡qué es esto!’. Nunca imaginamos que, tapando la catedral, se iba a construir una obra tan grande y tan alta, que además desentona con la arquitectura de nuestra catedral y de la ciudad. ¡Hombre! uno no necesita ser experto para darse cuenta.”
El canciller resalta el enorme daño que el Centro de las Artes le hizo a la catedral neogótica que comenzó a erigirse en 1898 con esculpidos bloques de piedra y cantera que donaron varias generaciones de feligreses. Ahora, a principios del siglo XXI, están por terminarse sus torres puntiagudas.
“¡Imagínese! Tantos y tantos años de trabajo que le llevó al pueblo hacer su catedral. ¡Más de un siglo! No es sólo un bien municipal o estatal. No, no. La catedral es un bien del país. Sí, se está afectando al patrimonio nacional”, comenta el sacerdote.
–¿Qué hace el Instituto Nacional de Antropología para proteger la catedral?
–Nada. Y eso también causa sorpresa, puesto que la gente del INAH se nos deja venir tan pronto ve que queremos modificar alguna barda o algo así. La otra vez íbamos a restaurar parte de un retablo y el INAH nos puso muchas trabas. Ahora, para asombro de todos, no apareció para nada.
–¿La actual administración de la diócesis tiene también una responsabilidad en esto?
–Mire, no es que los sacerdotes nos lavemos las manos, pero simplemente no estuvimos al tanto de la construcción del Centro de las Artes. No se nos informó. El proyecto no se divulgó. Pensábamos que iba a ser un inmueble modesto, acorde con la arquitectura del lugar, no ese edificio tan grandote y desentonante. Si a mí me hubieran mostrado el proyecto, por supuesto que lo habría rechazado.
Señala el canciller que, por parte de la diócesis, quien “de manera directa” estuvo al tanto del asunto fue el propio encargado del Santuario Guadalupano, el padre Raúl Ventura, a quien –por cierto– Marta Sahagún le regaló hace más de un año un órgano tubular, que aún se fabrica en Alemania con maderas especiales y a la medida del lugar donde se colocará en el santuario.
Todos en ascuas
Hace unos días, el padre Ventura –quien al principio apoyaba el proyecto de Marta– dijo desencantado al periódico Z de Zamora que la obra “la impusieron sin tomar en cuenta a nadie”. Y que hasta el enrejado del atrio corre peligro de ser tumbado, sin que el INAH meta las manos.
Por su parte, el Grupo Exsem –integrado por más de 100 exseminaristas del seminario de Zamora– reparte una carta abierta en la que lamenta “que no se haya tomado en cuenta a la ciudadanía” y el hecho de que las autoridades municipales hayan cedido “ilegalmente” una calle céntrica –la Justo Sierra, que “pertenece a toda la sociedad”– para que también sobre ella se construyera el Centro de las Artes.
Hasta el Colegio de Arquitectos de Zamora-Jacona, en un manifiesto, dice desconocer en qué consiste el controvertido centro de Marta Sahagún:
“Desconocemos el proyecto integral, la parte conceptual arquitectónica y urbana, los argumentos de integración al entorno y contexto urbano, el impacto ambiental y visual y otros no menos importantes para evaluar.”
El arquitecto Arturo Lúa, miembro de ese cuerpo colegiado, abunda:
“Desde el principio, la obra nació irregularmente, pues si fuera legal, no tendrían por qué esconder información. Se supone que la está financiando el gobierno federal.”
–¿Saben ustedes cuánto costará?
–No. Nadie quiere proporcionar cifras. Aunque por ahí se habla de que costará unos 130 o 190 millones de pesos. Ignoramos a qué costos se refieran. Sabemos que la diseñó el arquitecto Jorge Serrano, quien ha realizado obras importantes. En el aeropuerto de la Ciudad de México, por ejemplo. Se dice que él tiene nexos directos con Marta y que está haciendo un conjunto habitacional en el rancho del presidente Fox.
–Marta Sahagún asegura que en noviembre vendrá a inaugurar el Centro de las Artes.
–Es imposible que la obra esté terminada el próximo mes. A menos que venga a inaugurar el puro cascarón. Le tocará concluirla al nuevo presidente, Felipe Calderón.
Menciona el arquitecto Lúa algunas irregularidades de la obra, como el hecho de que ni siquiera hubo decreto de expropiación del área sobre la que se construye. “Debió haber un decreto en el que se hablara sobre sus fines de utilidad pública”, dice.
En agosto del año pasado, ese semanario dio cuenta de las presiones y amenazas que sufrían los propietarios de inmuebles de la zona, a quienes se les obligaba a vender sus propiedades al gobierno estatal, para que ahí se construyera el Centro de las Artes. Los atemorizados vecinos se organizaban, protestaban ante varias instancias. Nadie les hacía caso. Uno de sus líderes, Ignacio Peña, ya señalaba entonces que todas las autoridades estaban “coludidas” con Marta: “Son como los gatos que se tapan su excremento unos con otros”, decía (Proceso 1503).
Ahora, Lúa menciona algunas leyes que son violadas por quienes construyen el Centro de las Artes: Ley de Obras Públicas, Ley de Asentamientos Humanos, Ley de Expropiación, así como los reglamentos municipales de construcciones y del centro histórico.
Repudio generalizado
Construida por la poderosa trasnacional mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), del empresario Bernardo Quintana, la obra de Marta Sahagún es, en este momento, un descomunal esqueleto de acero cuya base rectangular mide unos 40 metros de ancho por unos 150 de largo. Hacia lo alto, se han levantado tres niveles de plataformas metálicas. Y ya se empiezan a colocar paredes completas de puro cristal.
Día y noche, a marchas forzadas trabajan muchos obreros, plomeros, electricistas y soldadores traídos de fuera. Ninguno es de Zamora. Llevan cascos metálicos a la cabeza. Pululan como hormigas, colgados de las larguísimas columnas blancas de hierro. Altas grúas de color amarillo circulan alrededor de la obra.
El supervisor general de los trabajos, el ingeniero Rubén Sierra, está sentado en una ancha mesa cubierta de planos enrollados, frente a su computadora portátil. Entran y salen sus subalternos que llegan a pedirle instrucciones.
–¿Cuánto costará la obra? ¿Quién la financia? –se le pregunta al ingeniero.
–No lo puedo decir.
–¿Qué características tendrá?
–No estoy autorizado para dar información a la prensa. ICA construye y yo sólo superviso. Me limito a cumplir con mi trabajo –dice, encogiendo los hombros.
Afuera, elementos de la Policía Muni-cipal vigilan la estructura dinosáurica y desbaratan los plantones de ciudadanos que llegan a protestar. Son, sobre todo, manifestantes que provienen de la organización Medio Ambiente Zamorano (MAZ), del Colegio de Michoacán, estudiantes universitarios, exseminaristas y gente que viene de comunidades aledañas.
Felipe Peña Verduzco, de El Colegio de Michoacán, advierte que lo grave no es “la falta de armonía de la obra con su entorno” ni que se le “haya impuesto a la población”, sino que, para hacer su estacionamiento subterráneo, se “están extrayendo de su subsuelo miles de metros cúbicos de agua potable, que se están tirando al drenaje”.
Esto –añade– puede provocar “el hundimiento o resquebrajamiento” del mismo Santuario Guadalupano, puesto que el terreno del área es muy blando y acuoso, anteriormente era zona lacustre.
Angélica Morales, regidora panista del ayuntamiento y quien siempre se ha opuesto a la obra, señala que “Marta lo que quiere es pasar a la historia como la gran benefactora de Zamora, por eso levanta esta construcción digna de un faraón. Pero, paradójicamente, con la obra se ha ganado el repudio de los zamoranos porque pisotea sus derechos”.
–¿Realmente Zamora requiere de un centro de las artes de esta magnitud?
–No, obviamente que no. Es un centro de relumbrón que sólo satisface la vanidad de la señora. Cada que uno va a preguntar sobre la obra, la justifican diciendo que es de la señora Sahagún. Que Marta para allá, que Marta para acá. Como si ella tuviera licencia para violar las leyes, así como James Bond la tiene para matar. El presupuesto anual del municipio es de 200 millones de pesos. De modo que el dineral que están gastando en la obra bien podría destinarse a necesidades urgentes.
“Además, de dónde va a salir después el dinero para darle mantenimiento al Centro de las Artes, para pagar la nómina de sus empleados y maestros. Ni siquiera sabemos cuáles son sus objetivos. En fin, se necesitarán muchos recursos para que no se convierta en un elefante blanco.
“El centro se ha convertido en un problemón para las autoridades de gobierno en todos sus niveles. Los gobiernos federal y estatal no explican nada. Nuestro presidente municipal tampoco. Como en un juego de ping-pong, unos a otros se avientan la bola. Nadie quiere hacerse responsable.”
En efecto, el alcalde de Zamora, Pablo Gutiérrez Galván, ha manifestado que “este es un proyecto que se venía manejando con anterioridad” a su arribo a la alcaldía –en enero del año pasado–, por lo que él nada tiene que ver. Tampoco –se justifica– se aplican recursos municipales en la obra.
reglamentos y eludió consultas públicas, sino en conocer su costo y sus particularidades.
Sobra decir que gobernación hace encuestas a cada rato para irle midiendo el agua a los camotes sobre la opinión de la gente por Fox y la martichis. Una obra de este tamaño lo único que indica es que la martuchis está preocupada por el repudio de la gente contra ella y esto nuevamente le da en la torre a sus aspiraciones políticas.
Pero además en Michoacán, que está siendo constantemente acosado por el narco. ¿De qué se trata? ¿Irle limpiando el camino a la martuchis para una gobernatura? ¿Ya se cree de verdad la martuchis que es Hillary Clinton? Favor de no &^%$*#.
Más tarado: Fox siempre despotricó contra los segundos pisos al periférico que inició el peje diciendo que no valía la pena hacer obras "de relumbrón." Ah, pero hizo el elefante blanco de la biblioteca José Vasconcelos.
Ironicamente, la martuchis no logró su objetivo con esta obra. Logró que la repudiaran aún más.
Seguimos con esta nota sobre el recuento ciudadano de los votos de la elección presidencial de 2006 que está exigiendo Proceso ante el IFE:
Recuento ciudadano "Petición espejo" ante el IFE
Daniel Lizárraga
Los integrantes del Comité de Información del Instituto Federal Electoral (IFE) tuvieron una inédita sesión extraordinaria –el pasado martes 5 de septiembre– en su Salón de Consejeros. En ella aprobaron, vía fast track, lo que desde semanas atrás era un hecho dentro del organismo: el rechazo a la solicitud de Proceso para tener acceso a las boletas electorales de la jornada del pasado 2 de julio.
De acuerdo con una copia de la minuta de esa sesión que se encuentra en poder de este semanario y con base en información recopilada por éste, la reunión duró poco menos de 30 minutos. Los funcionarios del IFE asistieron sólo para aprobar de manera formal un expediente previamente acordado, discutido en privado, que luego se utilizaría como formato para dar respuesta a otros medios de comunicación y a 800 ciudadanos que también habían solicitado conocer la documentación electoral.
Sólo Eduardo Guerrero Gutiérrez, miembro de ese Comité de Información y director ejecutivo del Servicio Profesional de Carrera, intentó –en vano– advertir a sus compañeros Gregorio Castillo, Rodolfo Vergara, Francisco Guerrero y Antonio Horacio Gamboa Gutiérrez que impedir el acceso a las boletas implicaría violar tanto la Ley Federal de Transparencia como su reglamento interno.
Al intervenir en esa sesión del IFE –en la que finalmente sólo emitieron su voto Francisco Guerrero, Antonio H. Gamboa y el propio Eduardo Guerrero–, el director ejecutivo del Servicio Profesional de Carrera les dijo a sus pares que la obligación de las instituciones en México consiste en favorecer la rendición de cuentas, contribuir a la democratización y desmotivar la opacidad en asuntos oficiales. Pero sus argumentos no lograron convencerlos.
Pese a la insistencia de Eduardo Guerrero sobre los problemas que le podría causar al IFE esa negativa, toda vez que el artículo sexto de la Constitución garantiza el acceso a la información por parte del Estado, los integrantes de la comisión ignoraron los exhortos.
Eduardo Guerrero basó sus argumentos en el hecho de que las boletas, convertidas en votos, son documentos públicos, mientras que Francisco Guerrero y Horacio Gamboa se limitaron a votar, y lo hicieron en contra de la solicitud de Proceso. Las posturas estaban definidas desde antes de llegar a esa sesión extraordinaria.
Fue Gamboa quien, en su calidad de secretario técnico, concluyó la sesión: “No sé si hubiera algún otro comentario. En caso contrario, les pediría, si están de acuerdo con el asunto, con el proyecto de resolución… Entonces está aprobado por mayoría”.
Proceso obtuvo la copia de la minuta de la sesión del martes 5 de septiembre, luego de tramitar una solicitud de información al IFE para conocer los pormenores de la reunión. Este es el único documento con el que cuenta. Del resto de los debates internos no hay registros.
Uno de los argumentos utilizados por Eduardo Guerrero, el de apelar a la garantía constitucional de acceso a la información, representa el eje sobre el cual gira la demanda de amparo tramitada por Proceso.
El pasado viernes 13, la oficialía del Poder Judicial turnó al magistrado Julio Hernández el expediente RA 431/2006-5965 en el cual este semanario solicita que la sentencia de la juez María Guadalupe Rivera González sea revisada, toda vez que rechazó el amparo argumentando que se trata de un asunto electoral sobre el cual las únicas autoridades competentes son el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Nueva solicitud
A través de su abogado Miguel Cano, Proceso considera que la juez Rivera González no se percató de que está de por medio la violación a una garantía constitucional y que la petición de este semanario de ninguna manera pretende revertir el resultado de los comicios presidenciales.
Los tres integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito tienen ahora básicamente dos alternativas: ordenar a la juez Rivera González que admita la demanda y valore adecuadamente los argumentos que esgrime Proceso o, en su defecto, confirmar que no existe manera de abordar este asunto. También, estos magistrados pueden optar, debido a la importancia del caso, si turnan el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o lo analizan ellos mismos.
En su recurso de revisión, Proceso presentó tres antecedentes sobre cómo los ministros han atraído casos controvertidos. El propósito último sigue siendo que el Poder Judicial decida si la negativa del IFE al acceso a las boletas y la destrucción de éstas se apegan a la Carta Magna.
En tanto culmina el desahogo de este expediente, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, declaró a la prensa que mientras no haya una decisión final sobre los más de 40 millones de votos emitidos, los consejeros ciudadanos mantendrán intactos y resguardados los paquetes electorales.
Ante los asistentes a un diplomado en las instalaciones del propio IFE, el martes 17, Ugalde explicó que si bien el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) los obliga a destruir las boletas, esperarán hasta que la Suprema Corte y el TEPJF emitan sus fallos.
A pesar de las afirmaciones de Ugalde, publicadas en el diario Excélsior al día siguiente, no hay mecanismos legales específicos que impidan la destrucción de los documentos electorales. Esto motivó a Proceso y a un grupo de investigadores y organizaciones no gubernamentales a tramitar un amparo.
Ahora, además de la solicitud de acceso a la información y el referido amparo –promovidos por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda–, existe también una petición espejo ante el IFE; es decir, otra solicitud planteada en los mismos términos para acceder a los sobres que contienen los votos para presidente de la República, sólo que suscrita por este reportero.
Desde el 12 de septiembre, el reportero presentó un recurso de revisión ante el IFE, cuyo Consejo para la Transparencia –conformado por consejeros ciudadanos y representantes de los partidos– deberá ratificar la negativa del Consejo de Información de ese organismo a tener acceso a los paquetes o revocar la postura asumida por dicho comité el 5 de septiembre.
Los funcionarios del IFE deberán responder a este recurso de revisión el 23 de noviembre, cuando se venza el plazo de 50 días hábiles establecido en el reglamento de transparencia del organismo electoral.
Interpretaciones amañadas
La posición de Eduardo Guerrero, a contracorriente de los demás integrantes del Comité de Información del IFE, coincide con las tesis sostenidas por otros especialistas, quienes sostienen que las boletas sí son documentos públicos, por lo que, en consecuencia, las autoridades deben facilitar el acceso a esta documentación.
Al iniciar la sesión extraordinaria del martes 5 de septiembre, Rodolfo Vergara, quien funge como secretario técnico del Comité de Información, propuso un mecanismo para “simplificar la discusión”. Primero, dijo, se tratará el tema de las boletas –el común denominador de todas las solicitudes– y se dejarán para después las particularidades de cada una de ellas, por ejemplo, las copias de documentos oficiales.
–Sólo para quedar claros: ¿La argumentación que viene para responder a la solicitud de Rafael Rodríguez Castañeda (director de Proceso) se repetiría en todas las demás (peticiones)?” –preguntó Eduardo Guerrero a sus pares.
–Exactamente, así es –le respondió Vergara.
Eduardo Guerrero sostiene que, al rechazar el acceso a las boletas, el Comité de Información viola al menos cuatro artículos de la Ley Federal de Transparencia. Por principio –dijo a sus compañeros en aquella sesión–, todas las instituciones en México tienen la obligación de clarificar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas y contribuir a la democratización de la sociedad.
Y citó parte del artículo sexto: “… en la interpretación de la presente ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información en poder de los sujetos obligados”.
En la copia de la minuta consta cómo Eduardo Guerrero trató de persuadir a sus compañeros poniendo sobre la mesa este otro argumento:
“Las boletas electorales cumplen con los requisitos mínimos para ser consideradas documentos públicos, de acuerdo con la Ley de Transparencia y, en esta lógica, el IFE debe garantizar su difusión a cualquier ciudadano que las requiera.”
Sus compañeros desoyeron esta tesis y mantuvieron su postura de esgrimir una inédita interpretación del Cofipe: Las boletas, al depositarse en las urnas, se convierten en votos, arguyeron. Entonces, lejos de concebirse como documentos públicos, en realidad se transforman en la expresión política de los ciudadanos.
Antes de que finalizara la sesión extraordinaria del 5 de septiembre, Eduardo Guerrero detalló que en el propio reglamento interno del IFE –artículo 20– se precisa que la atención a las solicitudes de acceso a la información no está condicionada a que los ciudadanos –en este caso Proceso– justifiquen qué pretenden hacer con los documentos.
Y remató: “En particular, mi voto en contra se basa en las siguientes razones: en primer lugar, sostengo que la norma especial para atender las solicitudes que nos ocupan, relativas a las boletas, es la Ley Federal de Transparencia. Desde mi punto de vista, no existe contraposición entre esta última norma con el Cofipe. En segundo lugar, las boletas son documentos que contienen información pública”.
Hace unos días me preguntaron en una entrevista para la revista Zócalo que si pensaba que serviría de algo que se recontaran todos los votos. Esta fué mi respuesta:
Sí creo que se aclararían muchas cosas si hubiera un recuento. Inclusive si les hubieran metido mano a las urnas. Son tan idiotas los panistas que cuando manosearon los paquetes durante los dias posteriores a las elecciones, dejaron evidencias flagrantes: boletas sin dobleces, múltiples boletas obviamente marcadas por la misma persona, actas alteradas, paquetes abiertos, etc. No es tan sencillo no dejar rastro cuando se hace algo tan burdo como lo que hicieron. Por eso ahora en el IFE, que fueron cómplices del fraude, están tan ansiosos por que se destruyan las boletas. No para que no se sepa el resultado, sino para que no se sepa de que tamaño fue el fraude. De saberse, el IFE tendría que desaparecer y los consejeros del IFE y los magistrados del TRIFE tendrían que ir a la carcel.
No les extrañe entonces que por eso se están tardando tanto en darle solución a esto en el IFE. Una de dos; o están viendo a ver como cuadran los números--lo cual es imposible ya que las propias actas muestran que hay fraude. O de plano están esperando al momento más adecuado (cuando a la gente medio se le olvide que hubo fraude, han de pensar estos atarantados) para salir con el rechazo definitivo al recuento.
Lo que no han entendido en el IFE es que a la gente JAMÁS se le va a olvidar este FRAUDE y que por más que lo intenten ocultar, ante los ojos de la mayoría de los mexicanos HUBO FRAUDE. Inclusive los mismos panistas lo saben. Pero tratan de justificar esta ilegalidad diciendo "es que era lo mejor para el país." Huy sí; lo mejor para el país es que el PRIAN siga robando, matando, torturando, saqueando, y entregando el país al capital extranjero.
Una razón más para apoyar al peje en el 2006.
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