Con la negativa de proporcionar acceso a las boletas electorales a organizaciones civiles y medios de comunicación, como la revista Proceso, para realizar un recuento apartidista, el IFE busca ahora, de forma fáctica, una nueva categoría dentro de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalaron ayer académicos de la UNAM, representantes de colectivos civiles y ex consejeros electorales.
Coincidieron en que no aplica ninguna restricción en la información electoral porque, de acuerdo con dicha ley, la única información que no es pública es aquella expresamente relacionada con la seguridad nacional y con los datos personales.
En la mesa redonda Debatiendo los límites de la transparencia, organizada por el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia en México, realizada en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval sostuvo que ni el IFE ni el tribunal electoral ''han salido bien parados de su prueba histórica, como tampoco el Cofipe'', y añadió que el instituto ha respondido ''de manera muy débil'' a la solicitud de acceso a las boletas electorales.
Advirtió que a los funcionarios del IFE ''les urge incinerar las boletas para que no queden supuestas pruebas de la elección'', y subrayó que la petición para el recuento obedece al derecho de acceso a la información, con el objeto de someter a la rendición de cuentas a las instituciones electorales.
Hugo Almada, de Alianza Cívica, consideró que el nivel de ''arcaísmo'' en las instituciones y procesos electorales quita transparencia y certeza a los comicios y sus resultados. Por su parte, John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que la solicitud de acceso a las boletas para un recuento ciudadano tiene como fin ''conocer la verdad histórica''.
José Galán
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