Con la negativa se busca no evidenciar el fraude: académicos
La negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) ante la solicitud de la revista Proceso y organizaciones sociales para tener acceso a las boletas electorales no es más que una "estrategia para no evidenciar el fraude en los comicios del pasado 2 de julio, ya que no existe impedimento legal para que se permita el acceso a ellas", afirmó Elisur Arteaga Nava, especialista en derecho constitucional y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Por su parte, defensores de derechos humanos coincidieron que esa determinación atenta contra el derecho ciudadano de acceso a la información pública, pues fueron los ciudadanos quienes financiaron el pasado proceso electoral, por lo que la información les pertenece.
El especialista del departamento de derecho de la UAM Azcapotzalco indicó que ante la "cerrazón" del IFE, los demandantes tendrían que interponer amparos y advirtió que este proceso se llevará por lo menos un año, debido a que "es seguro que el juez de primera instancia negará el recurso, luego el tribunal colegiado no revisará el proceso y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que atraerá el caso".
Explicó que con el amparo que puedan promover las organizaciones no gubernamentales el IFE no podrá quemar las boletas electorales como está previsto en la ley.
En un comunicado emitido por esa casa de estudios, el especialista insistió en que los argumentos presentados por el IFE para rechazar la petición de un medio de comunicación y de organizaciones civiles para acceder a la documentación electoral, "no se sostiene, porque las boletas son documentos públicos donde se plasmó la voluntad de la elección y cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos".
Por su parte, Manuel Larrosa Haro, politólogo de la UAM Iztapalapa, afirmó que la solicitud de la revista Proceso es "totalmente legítima, ya que un posible recuento de los sufragios sólo sería un ejercicio ciudadano que no tendría ningún efecto en la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no hay ninguna ley que regule la posibilidad de un segundo recuento por una instancia distinta al IFE o al propio tribunal".
En tanto, Fabián Sánchez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que con esa negativa "el IFE está apelando a su culpabilidad, por lo que vuelve a levantar sospechas sobre el resultado"; agregó que se deben solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar la quema de los paquetes electorales, aun cuando la ley así lo indique, ya que mientras no exista el principio de certeza la ley internacional debe anteponerse a la interna.
Para David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con esa negativa "se echa lodo" al que es considerado el mayor logro del sexenio foxista, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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