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Así mismo, otras 34 personas han sido reportadas como desaparecidas y los detenidos suman alrededor de 115, de los cuales 13 siguen presos bajo los cargos de rebelión, conspiración y sedición. Son “terroristas”, sostiene el gobierno estatal.
Incluso, en el marco del aniversario 96 de la Revolución Mexicana la Policía Federal Preventiva detuvo –y luego entregó a la policía estatal– a nueve personas, entre las que destaca el diputado federal perredista suplente César Vargas Martínez, quien atestiguó que fue torturado para que declarara si el senador de Convergencia Gabino Cué u otros perredistas están financiando al movimiento de la APPO.
Entrampados en lo político, los gobiernos estatal y federal pregonan como un éxito las ríspidas negociaciones con la APPO, mientras que en los hechos aplican contra el movimiento social medidas de contrainsurgencia e intimidación propias de la guerra sucia de los setenta y de las dictaduras militares, señala Proceso en su número 1569 de este domingo 26 de noviembre.
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